Decididamente,
no somos cuidadosos ni sensibles con el patrimonio histórico,
artístico o monumental. Si tres de cada diez ayuntamientos canarios
aún no han elaborado el catálogo que ha de consignar todos los
edificios protegidos con valores arquitectónicos y artísticos, es
que el asunto interesa poco a los responsables. Si treinta y uno de
los ochenta y ocho ayuntamientos muestran esa indolencia e incumplen
las obligaciones legales específicas en esa materia, es que aún
queda mucho por hacer.
La
graduada en Periodismo por la Universidad de La Laguna, Laura Pérez
Yanes, en su trabajo de fin de máster de Periodismo de Investigación
y Datos de la Universidad de La Rioja, describe una realidad muy poco
alentadora con respecto a los elementos patrimoniales que forman
parte de nuestras señas de identidad.
El
sitio digital planetacanario.com
se
hace eco de su investigación que pone en evidencia el incumplimiento
de muchos consistorios del artículo 43 de la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias que establece que “deberán aprobar y
mantener actualizado un catálogo arquitectónico del municipio donde
se recojan aquellos inmuebles y espacios singulares”. Dicha norma,
por cierto, será sustituida por la Ley de Patrimonio Cultural,
promovida por la Dirección General de Cultura del Gobierno de
Canarias.
El trabajo
de Pérez Yanes consigna un dato relevante: hay 430 Bienes de Interés
Cultural (BIC) en la Comunidad Autónoma. Un BIC equivale al mayor
nivel de protección que otorga la legislación española al legado
de destacado valor histórico, cultural, arqueológico, etnográfico
o paleontológico. Las dudas surgen precisamente cuando a veces los
propios BIC no son respetados por las administraciones competentes.
Y son las
autoridades las que deben dar ejemplo, de ahí que su desinterés sea
reprobable. Acaso tengamos en esas estampas de abandono una prueba
clara de la escasa sensibilidad. En algún ayuntamiento, además, han
aprobado por unanimidad comisiones específicas para tratar la
protección o la conservación de inmuebles y monumentos que luego ni
siquiera se han reunido. Qué tristeza, desde luego, cuando pasan los
meses y el aspecto exterior de edificaciones y esculturas es el peor,
con despintados, mutilaciones o desperfectos. No hay respuesta y aún
cuando sean necesarios informes, peritajes y tiempo, se debería
actuar con más diligencia.
La
investigación de Laura Pérez Castro pone blanco sobre negro la
importancia de generar una cultura adecuada, de invertir una actitud
pasiva e indolente que termina afeando la realidad paisajística y
desvirtuando el que puede ser un recurso primordial para el
conocimiento de la propia identidad de pueblos o ciudades y para el
reclamo de turistas y visitantes. Pero si de cada diez ayuntamientos,
tres no tienen el catálogo obligatorio, ya nos dirán.
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