POBREZA INFANTIL

“La pobreza infantil es una enfermedad crónica instalada en España en manera anómala, con la que nos hemos acostumbrado a convivir”, ha dicho Andrés Conde, director de Save the children España, integrada en la organización no gubernamental internacional (ONG) que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez.

El mes pasado, cuando la organización dio a conocer el informe titulado El futuro donde queremos crecer, algunos datos volvieron a poner de manifiesto la magnitud del problema de la pobreza infantil. Pese a la mejora del empleo, por ejemplo, uno de cada cuatro niños en nuestro país permanecerá en esa condición en el año 2030. El informe estima que la generación de empleo precario ocasionará un descenso de menos de dos puntos de la tasa de exclusión frente a la situación actual. La tasa afecta a más de dos millones de niños (un 28,3 %) y pasaría a un 26,5 %. El análisis de los datos no hace concebir mejores expectativas: al contrario, o se adoptan determinaciones firmes y operativas o la infancia seguirá mucho más expuesta a la exclusión social que otros grupos de edad. El informe precisa, además, que tener hijos seguirá siendo un factor de riesgo, que aumenta de forma proporcional al número de niños que hay en un hogar.

Andrés Conde estima que habría que seguir políticas como las emprendidas en Reino Unido o Alemania para mejorar e incluso evitar esa enfermedad. Eso sí, advierte que al estar comprometiendo el desarrollo de estos niños como seres humanos, es indispensable abordar la pobreza infantil desde un enfoque integral, con voluntad política y con consenso. “Estamos ante un problema económico -dice- que requiere soluciones económicas y España está en la cola de Europa en inversiones en políticas de familia y de infancia, el 1,3 % del PIB”.

El pasado rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entrañó dejar pasar una oportunidad de revisar una mejora específica. Había voluntad política pero no hubo consenso: se consignaba un incremento de la prestación por hijo a cargo pasando de doscientos noventa y un euros anuales a trescientos cuarenta y uno. Habrá que esperar, pues.

Pero teniendo en cuenta que, según el informe de Save the children España, aliviar esta situación es menos costoso que financiar las consecuencias, de ahí que solicite que la inversión en políticas de familia e infancia se incremente hasta el 2,4 % del Producto Interior Bruto. Se apoya en estas cifras: incrementar las ayudas económicas a las familias más vulnerables hasta los cien euros por cada hijo (actualmente, perciben 24,25 euros), lo que equivaldría a una inversión de 0,22 puntos del PIB, unos dos mil cuatrocientos millones de euros. La cantidad es mucho más reducida que el coste que significa y dimensiona el problema, que se acerca a los cinco puntos del PIB de nuestro país.

Andrés Conde tendrá que aguardar a los resultados de las próximas elecciones. Pero ya se ha apresurado a pedir a los partidos políticos una mirada estratégica. Se trata de tomar conciencia ante un problema que no es menor y que requiere para su solución -está dicho- voluntad política y consenso.