martes, 25 de julio de 2017

¿LIMITACIÓN DE MANDATOS O MÁS FISCALIZACIÓN?

Uno de los rasgos predominantes en la maraña informativa y opinativa que sigue al dinero multiusos del fútbol es la limitación de los mandatos en los máximos cargos de responsabilidad en todos los órdenes, acaso barruntando que es una forma de prevenir enviciamientos, abusos y propensiones a saltarse normas elementales, dirigir o administrar en plan caciques.
Albergamos nuestras dudas sobre si tal limitación chocaría con algunos principios o derechos constitucionales. Se requeriría un gran pacto político que fructifique en una ley de amplio respaldo o consenso para plasmar un acuerdo de esas características. Los partidos se lo pensarán una enormidad: un alcalde es un activo, una potencia electoral. Si lo está haciendo bien y los ciudadanos le otorgan nuevamente su apoyo, ¿por qué cambiar? Hace casi tres décadas, escuchamos atentamente los testimonios de dos alcaldes franceses de pequeñas ciudades que habían sido elegidos tras la Segunda Guerra Mundial y revalidaron con mayoría su condición en las urnas en tres o cuatro convocatorias. Ellos lo interpretaban como buena prueba de gestión que merecía la confianza renovada de los electores, antes que un mero afán de perpetuarse en el poder. Criterio respetable pero seguramente hoy, con el vértigo sociológico, insostenible.
Se puede admitir que mucho tiempo en un mismo cargo aburre, cansa, desgasta, incide en lo rutinario. Merma la iniciativa y hasta la misma capacidad de gestión. No es menos cierto que la experiencia atesorada permite ver las cosas con sosiego y propiciar una toma de decisiones más ajustada. Al menos, mientras se conserve el respeto y así sea reconocido. El poder político -pero también el deportivo, el asociativo, el orgánico, el de cualquier orden- precisa de renovaciones, de acuerdo. Otra cosa es saber cómo hacerlas.

Por eso, tan importante o más que la limitación de mandatos como fórmula higiénico-preventiva, sería la disponibilidad de recursos estatutarios o reglamentarios y su exigible cumplimiento como dinamizadores de funcionamientos democráticos. Eso y unos severos cauces de fiscalización que hagan saltar los resortes a las primeras de un desvío o infracción en la contabilidad de resultados. Dar cuenta periódicamente de los ámbitos de gestión, informar con cierta regularidad y someterse al control de órganos o asambleas no solo es saludable desde todos los puntos de vista sino que contribuye a la transparencia que debe caracterizar cualquier responsabilidad conferida en los ámbitos público o privado. O sea, más democracia, más participación, más colegiar determinaciones...
Es cuestión de autodisciplinarse para ganar credibilidad, para fortalecer la propia capacidad de gestión. Y entonces, acreditando aptitudes y actitudes, desenvolviéndose a la altura de las exigencias de la sociedad de nuestros días y de los mismos ciudadanos, socios o miembros y afiliados, se evitarán muchos riesgos o incurrir en los vicios que, auspiciados y refugiados en la impunidad, terminan descomponiendo, quebrando confianza y todo lo demás, hasta hacer ver que sustentan el afán por perpetuarse.
Cuando se vienen a dar cuenta, puede que ya sea tarde.

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