Los
problemas de la venta ambulante y los derivados de la falsificación
de productos ya son insostenibles. Se suceden las noticias sobre
incidentes de gravedad en las localidades -especialmente, las
costeras- donde se practica. Hasta un policía municipal ha sido
apuñalado en una playa de Punta Umbría (Huelva). Y en Barcelona se
han registrado desórdenes e incidentes desde que las autoridades
locales se han visto desbordadas para ordenar y contener en vías
céntricas el fenómeno que se conoce como 'top manta'.
El
caso es que, según se va sabiendo, tanto la venta callejera como la
de falsificaciones están muy relacionadas con el blanqueo de
capitales, la financiación del terrorismo y las actividades
ilícitas. La Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) de la Unión
Europea (UE) llega a hablar de una lacra que supone más del 3,3 %
del comercio mundial, en tanto que Interpol cifra las ventas
fraudulentas en más de doscientos veinte mil millones de euros. Para
echarse a temblar. Mejor dicho: para hacernos una idea de lo que se
mueve, de lo que está en juego y de la dimensión que adquiere el
problema.
En
nuestro país, las cosas se complican. Casi siempre resultaron
insuficientes las medidas adoptadas para regular o controlar la venta
ambulante. Los propietarios y empleados de empresas de toda
condición, así como los vecinos de los entornos donde se concentran
los vendedores, se quejan no solo de la proliferación sino del daño
directo que causan a sus intereses.
El
ministerio de Industria, Comercio y Turismo puso en marcha el pasado
mes de diciembre la denominada Mesa contra el Intrusismo, una prueba
de querer mitigar -porque no se puede más- el galopante fenómeno de
la venta ambulante ilegal. El objetivo de la iniciativa es la
coordinación de los sectores público y privado para prevenir y
eliminar conductas que vulneren los derechos de propiedad
intelectual, es decir, la situación de la venta ilgeal en España.
Ello, entre otras medidas, habría de fructificar en la elaboración
de un Plan Nacional contra las falsificaciones. Urge, sencillamente.
No
olvidemos que los ayuntamientos, en el marco de la autonomía
municipal, también disponen de las ordenanzas de regulación del
espacio público para perseguir la venta ambulante. La experiencia
indica que las buenas intenciones chocan con la realidad: se puede
tener ordenanza, de acuerdo. Y luego, policía local, más o menos
especializada, que intenta aplicarla, con un efecto claramente
disuasorio. Produce las intervenciones y hasta se incauta de la
mercancía en venta o de parte de ella. Pero luego, no hay más
consecuencias porque en los trámites administrativos posteriores,
orientados principalmente a sanciones, se choca con imponderables: o
no hay negociado o no hay personal o si lo hay no cumple en los
plazos que debería hacerlo, esto es, con la celeridad debida para
que los afectados comprueben que no pueden seguir ejercitando en la
vía pública.
Autenticiudad
era
el nombre de una iniciativa puesta en marcha conjuntamente por la
Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), la Oficina Española
de Patentes y Marcas y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para abordar este problemas y sus consecuencias.
Porque se trata de la imagen de la ciudad o del destino, de la
sensibilidad ante el comercio, de la información y concienciación
de la ciudadanía, de la formación y pericia de la policía
municipal así como de la persecución y observancia de presuntos
delitos de la venta de falsificaciones. No sabemos qué suerte habrá
corrido la iniciativa.
Pero
algo hay que hacer. Los últimos acontecimientos así lo requieren.
No hay comentarios:
Publicar un comentario