Hoy
puede ser un mal día para el municipalismo si al final no se alcanza
un acuerdo con el Gobierno que favorezca el gasto de los ahorros y
poder afrontar el impacto de la crisis sociosanitaria. Tal como están
las cosas, la repercusión política es imprevisible -máxime
teniendo en cuenta la conferencia de presidentes prevista para hoy-
pero es evidente que al ejecutivo no le conviene que se abra un
flanco en ese ámbito: la fácil previsión de un otoño caliente se
acentuará si se desata un conflicto con unas cuantas derivaciones
internas. Ayer mismo hablaban desde las filas socialistas de un
‘trágala’.
Es
verdad que, tratándose de distribución de fondos o recursos, los
elementos que se amontonan en la mesa no son fáciles de combinar y
hacer viable el engranaje. La propuesta del ministerio de Hacienda no
termina de contentar: consiste en retener el grueso de los ahorros
para ser devuelto en diez años. A cambio, los ayuntamientos podrán
gastar cinco mil millones de euros de sus remanentes acumulados
durante la última década. El Gobierno ha ido mejorando sus
ofrecimientos hasta el punto de garantizar fórmulas para que los
alcaldes participen en el reparto de las ayudas europeas del fondo de
recuperación y del que España, como se sabe, recibirá ciento
cuarenta mil millones de euros. Pero la inconcreción de los
porcentajes siembra las dudas entre los interesados. Otra oferta
gubernamental: un fondo de transporte de doscientos setenta y cinco
millones de euros para sufragar las pérdidas de las empresas
municipales de servicios públicos urbanos. Alcaldes de distinto
signo político, coinciden en señalar que les parece insuficiente,
si bien las complicaciones tienen ya unos antecedentes que han
propiciado las reivindicaciones municipalistas. Piden que se les
permita utilizar los ahorros que registran en cada ejercicio. Eso
significa la acumulación de unos remanentes cifrados en dieciocho
mil millones de euros. La normativa vigente, la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la propia
Constitución, condiciona enormemente las aspiraciones de los
munícipes.
Por
todo ello, urge la negociación y aprobación de la Ley de
Financiación de las Corporaciones Locales, compromiso que asume el
Gobierno, aunque sin persuadir a la mismísima Federación Española
de Municipios y Provincias (Femp), que sospecha de una intención
poco nada resolutiva: querer dar largas al asunto. Recelan los
alcaldes que quieren determinar el destino final de los fondos,
pensando especialmente en las actuaciones de movilidad sostenible.
Ese plazo de devolución, diez años, les resulta eterno, además de
condicionar y hacer enrevesados cada ejercicio presupuestario. No
olvidemos, por otro lado, que parece cada vez más extendida la
sensación de malestar entre los alcaldes, hasta el punto de haber
generado una situación de agravio permanente con respecto al trato
dispensado por el presidente del Gobierno y la ministra de Economía
a las comunidades autónomas.
Y
surge, claro, el conflicto político. El órgano que aglutina a los
municipalistas, la Femp, viene basándose en una histórica
unanimidad para ir desbloqueando asuntos y avanzando en la
consecución de logros que dan prestancia a las administraciones
locales, o lo que es igual, para situarlas a escala de la Unión
Europea (UE). Todas las informaciones coinciden en señalar que el
presidente y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se ha
esmerado en el largo proceso de conversaciones mantenido para
alcanzar un acuerdo satisfactorio. No ha podido ser, por lo que esa
unanimidad corre peligro. De hecho, fijar posición en el seno de la
Federación ha tenido que ser aplazado. Las consecuencias: el
bloqueo y un elevadísimo pago de intereses que los ayuntamientos se
ven obligados a abonar a los bancos por mantener sus ahorros
inmovilizados. Opciones: reunión extraordinaria para hoy de la
ejecutiva de la Femp, donde no hay mayoría socialista. Las
negociaciones de ayer tarde-noche habrán sido durísimas. El
resultado, muy imprevisible. Pero todo da a entender que no habrá
unanimidad.
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