viernes, 31 de julio de 2020

DINEROS MUNICIPALES


Hoy puede ser un mal día para el municipalismo si al final no se alcanza un acuerdo con el Gobierno que favorezca el gasto de los ahorros y poder afrontar el impacto de la crisis sociosanitaria. Tal como están las cosas, la repercusión política es imprevisible -máxime teniendo en cuenta la conferencia de presidentes prevista para hoy- pero es evidente que al ejecutivo no le conviene que se abra un flanco en ese ámbito: la fácil previsión de un otoño caliente se acentuará si se desata un conflicto con unas cuantas derivaciones internas. Ayer mismo hablaban desde las filas socialistas de un ‘trágala’.

Es verdad que, tratándose de distribución de fondos o recursos, los elementos que se amontonan en la mesa no son fáciles de combinar y hacer viable el engranaje. La propuesta del ministerio de Hacienda no termina de contentar: consiste en retener el grueso de los ahorros para ser devuelto en diez años. A cambio, los ayuntamientos podrán gastar cinco mil millones de euros de sus remanentes acumulados durante la última década. El Gobierno ha ido mejorando sus ofrecimientos hasta el punto de garantizar fórmulas para que los alcaldes participen en el reparto de las ayudas europeas del fondo de recuperación y del que España, como se sabe, recibirá ciento cuarenta mil millones de euros. Pero la inconcreción de los porcentajes siembra las dudas entre los interesados. Otra oferta gubernamental: un fondo de transporte de doscientos setenta y cinco millones de euros para sufragar las pérdidas de las empresas municipales de servicios públicos urbanos. Alcaldes de distinto signo político, coinciden en señalar que les parece insuficiente, si bien las complicaciones tienen ya unos antecedentes que han propiciado las reivindicaciones municipalistas. Piden que se les permita utilizar los ahorros que registran en cada ejercicio. Eso significa la acumulación de unos remanentes cifrados en dieciocho mil millones de euros. La normativa vigente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la propia Constitución, condiciona enormemente las aspiraciones de los munícipes.

Por todo ello, urge la negociación y aprobación de la Ley de Financiación de las Corporaciones Locales, compromiso que asume el Gobierno, aunque sin persuadir a la mismísima Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que sospecha de una intención poco nada resolutiva: querer dar largas al asunto. Recelan los alcaldes que quieren determinar el destino final de los fondos, pensando especialmente en las actuaciones de movilidad sostenible. Ese plazo de devolución, diez años, les resulta eterno, además de condicionar y hacer enrevesados cada ejercicio presupuestario. No olvidemos, por otro lado, que parece cada vez más extendida la sensación de malestar entre los alcaldes, hasta el punto de haber generado una situación de agravio permanente con respecto al trato dispensado por el presidente del Gobierno y la ministra de Economía a las comunidades autónomas.

Y surge, claro, el conflicto político. El órgano que aglutina a los municipalistas, la Femp, viene basándose en una histórica unanimidad para ir desbloqueando asuntos y avanzando en la consecución de logros que dan prestancia a las administraciones locales, o lo que es igual, para situarlas a escala de la Unión Europea (UE). Todas las informaciones coinciden en señalar que el presidente y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se ha esmerado en el largo proceso de conversaciones mantenido para alcanzar un acuerdo satisfactorio. No ha podido ser, por lo que esa unanimidad corre peligro. De hecho, fijar posición en el seno de la Federación ha tenido que ser aplazado. Las consecuencias: el bloqueo y un elevadísimo pago de intereses que los ayuntamientos se ven obligados a abonar a los bancos por mantener sus ahorros inmovilizados. Opciones: reunión extraordinaria para hoy de la ejecutiva de la Femp, donde no hay mayoría socialista. Las negociaciones de ayer tarde-noche habrán sido durísimas. El resultado, muy imprevisible. Pero todo da a entender que no habrá unanimidad.

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