La
última “Encuesta de Condiciones de Vida” en España,
correspondiente a los datos de renta de 2018, ofrece, según leemos,
resultados paradójicos. Mejoran la mayoría de indicadores pero
aumentan la pobreza y la exclusión en algunos de los sectores más
desfavorecidos de la población. Sobre todo, crece la pobreza
infantil, que se había reducido en 1,5 puntos porcentuales el pasado
año, alcanzando el 27,4 % de los Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA), la denominación abreviada que el Gobierno emplea para
corresponder a los propósitos de lenguaje inclusivo. Este último
porcentaje supera en un 35 % la tasa de población adulta entre 18 y
64 años.
La
conclusión es que 9,7 millones de personas están en riesgo de
pobreza en nuestro país. Y que se confirma la urgencia de adoptar
medidas de forma inmediata para contener las consecuencias económicas
de la pandemia. Porque se constata, igualmente, un aumento de la
desigualdad: las estadísticas reflejan que el 20 % más rico de la
población riene una renta neta unas seis veces superior a la del 20
% más pobre, alcanzando una nivel de desigualdad aún más amplio
del que había hace dos años. Con estas cifras se pone de manifiesto
que tienen plena justificación medidas como el Ingreso Mínimo
Vital, situándolo por encima del umbral de pobreza.
La
Encuesta revela, asimismo, dos cuestiones a las que hay que prestar
atención. Por un lado, termina
la 'Estrategia 2020' y los resultados obtenidos, muestran no solo que
España
falló
en el cumplimiento de los objetivos comprometidos,
sino que, además, los indicadores propuestos para evaluar la
estrategia registran datos incluso superiores a los del inicio del
período. En segundo lugar, los datos muestran una notable mejoría
con respecto a los del año anterior y continúan la senda de mejora
iniciada a partir del año 2014. Sin embargo, la crisis de la
COVID-19,
sin
precedentes en la economía española, los ha hecho desvanecer y
obliga a considerarlos como un mínimo que en los próximos años se
incrementará notablemente.
Por
último, la crisis sanitaria incide en la privación material severa,
conceptuada como el indicador AROPE. La estadística oficial muestra
que reanudó su proceso de reducción y, en a actualidad
alcanza al 4,7% de la población residente en España, lo que supone
algo más de 2,2 millones de personas. A pesar de la apreciable
reducción experimentada, la privación material severa aún es muy
elevada y llega a unas 560.000 personas más que en el año 2008.
Ante estos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la 'Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social'
para España, demanda activar las medidas incluidas en la Estrategia
Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza.
Los
registros ponen en evidencia la necesidad de mejorar sensiblemente
las políticas públicas no solo para combatir la pobreza sino para
reducir la marginalidad o la exclusión social que se han acentuado
durante la pandemia. La situación es grave, como se demuestra
científicamente, luego es indispensable prestar atención y recursos
a un preocupante estado de cosas que, con los actuales niveles de
economía productiva, va a ser muy complicado superar.
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