El
Consejo de Ministros extraordinario de la pasada semana aprobó un
Real Decreto-Ley para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Pretende el ejecutivo fortalecer y agilizar la recuperación de la
productividad económica que, sobre el papel, fortalecen la
inversión, consolidan la solvencia de las empresas y protegen los
puestos de trabajo.
La
medida incluye tres medidas de impulso al sector turístico que,
dadas las circunstancias, merecen ser comentadas.
Por
un lado, puesta en marcha de un sistema de financiación de proyectos
para la digitalización y la innovación del sector turístico, con
una dotación presupuestaria de doscientos dieciséis millones de
euros para el presente ejercicio. Se prevé la concesión de un
máximo de mil cien préstamos para cada ejercicio presupuestario,
tomando como base un préstamo medio de doscientos mil euros. Cuando
todos los consultores y expertos coinciden en señalar que los
procesos de digitalización se impondrán tras la pandemia y que
cualquier negocio turístico habrá de afrontar planes de mejora e
innovación, la medida del Gobierno parece fundamental.
Una
segunda medida consiste en poner en marcha un instrumento denominado
‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’, con el que se
pretende impulsar el desarrollo de los destinos turísticos en áreas
rurales y de interior. Se trata, naturalmente, de cualificar los
valores de la competitividad para que distintas modalidades estén en
condiciones de hacer una oferta atractiva y de captar nueva
clientela.
En
tercer lugar, fue aprobada una moratoria hipotecaria para inmuebles
afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un
período de moratoria de hasta doce meses para las operaciones
financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de
crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las
personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que
experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia
sanitaria.
En
sintonía con el espíritu de estas medidas, el Gobierno pondrá en
marcha una nueva línea de avales que será canalizada a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de cuarenta mil
millones de euros y está orientada a impulsar la realización de
nuevos proyectos de inversión empresarial. Tras una primera fase en
la que primó la cobertura de las necesidades de liquidez, se quiere
con esta medida reactivar la economía y el empleo, especialmente en
lo que concierne a iniciativas de inversión en el tejido productivo.
En
fin, medidas para dinamizar la reactivación que, en el sector
turístico, han de tener un reflejo claro si es que queremos verlo
preponderar.
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